El Ayuntamiento opta, de nuevo, por privatizar un servicio público municipal
Oposición a la decisión del Ayuntamiento de Medina del Campo de privatizar la gestión del albergue juvenil, denunciando que favorece el beneficio empresarial frente a una posible gestión pública más barata.

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Medina del Campo ha optado, una vez más, por adjudicar a una empresa privada la gestión de un servicio público municipal: el albergue juvenil.

El pasado 16 de febrero adjudicó la gestión del albergue a la empresa Prorion Innova SL, de Madrid, una empresa que se dedica a la gestión deportiva, según su página web.
Prorion se ha comprometido a pagar al Ayuntamiento un canon anual de 11.750€. El contrato fija una duración de dos años con posibilidad de ampliarlo otros dos.
La tarifa base a pagar por los usuarios del albergue (suponemos que habrá otras) se ha fijado en 21,06€ por noche. Las anteriores tarifas (todavía publicadas en la página web del albergue) eran de 12,65€, casi la mitad de lo aprobado ahora.
El arbergue tiene dos salas de estar, comedor, sala de usos múltiples y multimedia, 28 habitaciones cuádruples con baño y otras cuatro dobles adaptadas para personas con discapacidad. Por tanto el albergue tiene una capacidad total de 120 plazas.
Suponiendo que la instalación se llenase durante todo el año supondría que cada año la empresa facturaría (solo con la tarifa básica) 922.428€, de los que pagaría al Ayuntamiento 11.750.
Esos casi 12.000€ son fijos, mientras que el casi millón de euros que puede facturar la empresa (con la tarifa básica) depende del grado de ocupación del albergue a lo largo del año, por supuesto. Pero si esta empresa ha optado al concurso es porque ha visto una oportunidad de negocio que no solo cubra el canon que tiene que pagar al Ayuntamiento, también el resto de los gastos asociados y su beneficio empresarial. No es creíble que una empresa opte a una concesión si no prevé ganar dinero con ella.
Si una empresa privada puede gestionar el albergue pagando todos los gastos, incluyendo los casi 12.000€ que va a pagar al Ayuntamiento, ¿por qué no puede ser el propio consistorio el que gestione el albergue siendo al menos 12.000€ más barato que lo que le cuesta a esa empresa?
Recordando un planteamiento de nuestra portavoz, Mª Jesús Vázquez, nos preguntamos: ¿si lo privatizan todo para qué los necesitamos a ellos?
La privatización de este servicio demuestra la incapacidad de gestión del equipo de Gobierno, o (lo que sería más grave) el ánimo de enriquecer a las empresas privadas desde el Gobierno municipal, un empeño que atenta contra los intereseses de la ciudadanía que es la propietaria y destinataria de los servicios públicos, y de las instalaciones vinculadas a ellos.
Son propiedades e intereses públicos los que se dejan en manos de empresas privadas para que se enriquezcan, soslayando (en cierto modo) las reglas de la economía capitalista de libre mercado que tanto defienden las empresas privadas y las políticas de derechas.
Cuando el Ayuntamiento y la empresa Prorion Innova SL firmen el contrato el consistorio se verá privado, al menos durante dos años, de su soberanía para utilizar una instalación pública de su propiedad para lo que considere oportuno y de la forma que mejor le parezca. El Ayuntamiento estará obligado a respetar las concidiciones pactadas en el contrato, por tanto, será esa empresa la que decida el uso de las instalaciones y sus condiciones, no la institución (el Ayuntamiento) que tiene la obligación de velar por el interés de la ciudadanía que es, en definitiva, la propietaria de esas instalaciones que se construyeron con fondos públicos (no privados) para su uso y disfrute.
Gana Medina defiende que la opción lógica, mejor para el Ayuntamiento y los usuarios del albergue, es que se gestione conjuntamente con el polideportivo municipal por empleados públicos, garantizando los derechos laborales de los mismos, y también el mejor servicio posible (con tarifas más reducidas) para los usuarios principales a los que está destinada esta instalación pública: los jóvenes menores de treinta años y los peregrinos que recorren el Camino de Santiago. La gestión pública posibilitaría, además, el uso de las instalaciones para cualquier fin que el Ayuntamiento considere necesario.
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